¿Sabías que el auto de costas en juicio oral exige notificación como emplazamiento?

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El auto de admisión del incidente de liquidación de gastos y costas, promovido en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil oral, debe notificarse personalmente y no por boletín judicial. Este criterio deriva de un precedente que equipara dicho incidente con un procedimiento contencioso autónomo, asimilable al emplazamiento inicial. Si bien el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio restringe la notificación personal al emplazamiento y la reconvención dentro de la fase de conocimiento, dicha regla no opera en ejecución. En esta fase, aplican los artículos 1068 y 1068 Bis, que exigen notificación personal para actos de tal trascendencia. El incidente tiene litis propia y naturaleza sustantiva, por lo que debe garantizarse el derecho de audiencia. Sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 21/2019, el criterio protege el debido proceso al evitar condenas líquidas sin oportunidad de defensa previa.

¿Por qué la caducidad de marcas no viola la seguridad jurídica?

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Este extracto resume el análisis sobre la caducidad de registros marcarios en México y su relación con la seguridad jurídica. Se explica el criterio del Poder Judicial, que determinó que los artículos 235 y 260 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial son constitucionales. La justificación radica en que estas normas establecen con claridad los elementos mínimos para la caducidad, como el no uso de la marca por tres años consecutivos sin causa justificada. Se acepta el uso de conceptos jurídicos indeterminados en áreas técnicas, pues generan la certeza necesaria para los destinatarios y promueven una sana competencia.

El Delito de Incumplimiento de Asistencia Familia

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Un reciente criterio judicial en Aguascalientes establece que el no pago de la compensación económica por divorcio no configura el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. La distinción se fundamenta en el principio constitucional de exacta aplicación de la ley, que exige que las conductas delictivas estén descritas claramente. La asistencia familiar tiene como fin proteger la subsistencia del acreedor, mientras que la compensación económica busca remediar una asimetría económica entre los cónyuges derivada del matrimonio. Al ser figuras con propósitos y regulaciones legales distintas en el Código Civil, su incumplimiento acarrea consecuencias en el ámbito civil, pero no penal. Esta precisión salvaguarda la seguridad jurídica al evitar la penalización de conductas no tipificadas como tales.

¿Ayuda en emergencias es dádiva u obligación?

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Una reciente tesis judicial en México abordó la omisión del gobierno de entregar enseres domésticos prometidos a una víctima del huracán Otis. El tribunal determinó que esta falta no fue un simple error administrativo, sino una violación directa a derechos humanos fundamentales. Específicamente, se vulneraron el derecho a una vivienda adecuada, al mínimo vital y a la dignidad humana, derechos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. El criterio subraya que la ayuda en desastres, como refrigeradores o colchones, no es una dádiva discrecional, sino una obligación legal del Estado. Esta sentencia establece un precedente clave para exigir responsabilidad a las autoridades y asegurar que cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos en situaciones de emergencia.

¿Exigir etología para eutanasia animal viola la libertad de trabajo?

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Protección y Bienestar Animal en la CDMX: La Especialización en Etología como Requisito para la Eutanasia no Violenta la Libertad de Trabajo El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en un fallo reciente en materia de protección animal, resolvió que el requisito de que los médicos veterinarios zootecnistas para que cuenten con especialización … Leer más