¿Deben los servidores públicos denunciarse como víctimas?

por

El derecho a la no autoincriminación establece un límite claro a las obligaciones de los servidores públicos bajo la Ley General de Víctimas. Un caso reciente, analizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, abordó si una autoridad está obligada a presentarse una denuncia ante el Ministerio Público. El origen fue la negativa de la Comisión de Víctimas de Morelos a remitir una queja en su contra. El Tribunal Colegiado determinó que, si bien el artículo 120 de dicha ley obliga a denunciar delitos de los que tengan conocimiento, esta norma no puede interpretarse para forzarlos a autoincriminarse. Se concluyó que ello atentaría contra una garantía fundamental que permea el orden jurídico, dejando a salvo el derecho de cualquier persona para acudir directamente a las autoridades competentes.

¿Por qué la negativa a eliminar una publicación no es un Acto de Autoridad?

por

La negativa de Facebook de eliminar publicaciones no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto se debe a que la relación entre el usuario y la plataforma es de naturaleza contractual privada, no una función pública. Por lo tanto, el amparo no procede directamente en contra de la empresa. Sin embargo, los usuarios no quedan en estado de indefensión. Existen vías legales ordinarias como el juicio civil por daño moral, el procedimiento de protección de datos personales ante el INAI o el derecho de réplica. El juicio de amparo sería procedente únicamente para impugnar la resolución definitiva que emita una autoridad jurisdiccional en alguno de esos procedimientos, no contra la decisión inicial de la red social.

Devolución de saldos en la Cuenta Individual: Lo que todo hijo mayor de edad debe saber

por

Se aborda la resolución judicial sobre la declaración de beneficiarios para la devolución de saldos de la cuenta individual del IMSS a descendientes mayores de edad. El texto aclara la contradicción existente respecto a la obligación de probar dependencia económica, determinando que este requisito no es exigible. Conforme a los artículos 169 y 193 de la Ley del Seguro Social, estos familiares solo deben acreditar que no existen personas con preferencia en el orden de prelación del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Este criterio facilita el acceso a los recursos, garantizando la protección familiar y la igualdad, siempre que no se interpongan beneficiarios con derecho a pensión.

¿Basta ejecutar el lanzamiento para que proceda el amparo?

por

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha establecido que, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, basta la ejecución del lanzamiento para estimar dictada, aun implícitamente, la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia. Esto significa que, cuando en un juicio se dicta sentencia firme que ordena desocupar un inmueble y se ejecuta materialmente el lanzamiento, no se requiere un acuerdo expreso que declare formalmente cumplida la sentencia. La sola práctica de la diligencia implica que la ejecución ha concluido, pues no existen más diligencias por realizar. Por tanto, el amparo indirecto es procedente contra el lanzamiento ejecutado, sin necesidad de esperar una resolución adicional que cumpla con formalismos sacramentales.

¿Te obligan a seguir tu propio incidente?

por

Un Tribunal Colegiado determinó que constituye un acto de imposible reparación la resolución que no acuerda de conformidad la solicitud de la parte actora para sobreseer el incidente que ella misma promovió. En un divorcio incausado, el demandado promovió incidente de reducción de pensión y, tras obtener un fallo favorable en apelación, solicitó el sobreseimiento incidental. Al negarse éste, se le obligó a continuar un procedimiento que ya no deseaba seguir. El Tribunal consideró que dicha negativa afecta derechos sustantivos consagrados en los artículos 17 constitucional y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al vulnerar la voluntad de abdicar el derecho de acción. Por ello, procede el amparo indirecto contra esa determinación.