¿Qué es el Test de Proporcionalidad?

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El Test de Proporcionalidad es el método que permite evaluar si una ley que restringe un derecho fundamental es constitucionalmente válida. Se compone de tres sub-principios aplicables en orden: idoneidad (¿la medida es útil para el fin perseguido?), necesidad (¿existe una alternativa menos lesiva igualmente eficaz?) y proporcionalidad en sentido estricto (¿el beneficio justifica el sacrificio del derecho?). La SCJN ha reconocido este test como herramienta válida para el control constitucional. Para impugnar una ley en amparo, el concepto de violación debe estructurarse con base en estos tres pasos, citar jurisprudencia aplicable y demostrar la desproporción. El test no es teoría abstracta: ha logrado declarar inconstitucionales leyes en México, como el caso de la prohibición de venta de tabaco en misceláneas.

¿Cuándo NO procede la contradicción de criterios?

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La contradicción de criterios es improcedente cuando uno de los órganos contendientes se limita a sustentar sus consideraciones en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin emitir un criterio propio. Esto ocurre porque el tribunal inferior no desarrolla un razonamiento autónomo, sino que se adhiere mecánicamente a un criterio vinculante del Alto Tribunal. Dicha situación no está prevista en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución ni en el artículo 226 de la Ley de Amparo. Además, el eventual diferendo se generaría materialmente entre la SCJN y un órgano jerárquicamente inferior, lo que resulta incompatible con el sistema de jerarquía jurisprudencial. Por tanto, antes de promover una contradicción de criterios, debe verificarse que ambos órganos hayan emitido interpretaciones propias y no una simple adhesión a una tesis de la SCJN.

La Inconstitucional del artículo 164 IPEJAL y las pensiones

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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito declaró inconstitucional el artículo 164 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. La decisión surgió de un caso donde los beneficiarios de un servidor público fallecido solicitaron la devolución de sus aportaciones, pero el derecho fue declarado prescrito por un tribunal local. El criterio judicial sostiene que la norma viola los principios de seguridad y certeza jurídicas al no precisar el inicio del plazo prescriptivo de tres años, generando incertidumbre. Además, se consideró que contraviene el derecho a la seguridad social, pues si el derecho a una pensión es imprescriptible, por lógica jurídica también lo es el derecho a recuperar los fondos aportados cuando no se cumple con los requisitos para una pensión. Esta sentencia establece un precedente fundamental para la protección del patrimonio de los trabajadores y sus familias.

¿Cómo resolver lagunas normativas y axiológicas en el amparo?

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Este post explica las diferencias entre las lagunas normativas y axiológicas, utilizando un caso sobre un emplazamiento por edictos como ejemplo. Una laguna normativa ocurre cuando el legislador no prevé un supuesto específico, creando un vacío que se resuelve mediante la supletoriedad, la analogía o los principios generales del derecho. Por otro lado, una laguna axiológica se presenta cuando, aunque existe una norma aplicable, el juez la considera inadecuada o injusta y la descarta, procediendo a construir una nueva solución conforme a los valores del sistema jurídico. Identificar correctamente el tipo de laguna es crucial para la estrategia litigiosa, especialmente al discutir la aplicación de leyes supletorias en un juicio de amparo.

Las 13 alternativas a la cárcel

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La reforma constitucional de 2008 transformó la prisión preventiva en una excepción dentro del sistema penal acusatorio mexicano. El artículo 19 constitucional establece que el juez debe priorizar medidas cautelares menos lesivas antes de imponer la cárcel. El catálogo nacional contempla 14 medidas; solo una es prisión preventiva. Las otras 13 alternativas incluyen: presentación periódica, garantía económica (fianza moderna), embargo precautorio de bienes, prohibición de salir de un territorio, resguardo domiciliario, cuidado por tercera persona, brazalete electrónico, prohibición de acudir a ciertos lugares, prohibición de acercarse a víctimas, separación del domicilio, suspensión temporal de cargo público, suspensión de actividad profesional y vigilancia policial. Conocer estas opciones permite litigar para garantizar el proceso sin sacrificar la libertad del imputado.